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Una reforma constitucional debe ser un hecho pacífico, de tolerancia, de inclusión, en definitiva, de superación social. El diálogo es responsabilidad de la política institucional, siempre. Cercenarlo, censurar la diversidad de voces y de voluntades no deja otra opción que la protesta social, que si se desarrolla dentro del cauce pacífico es constitucional, y es paradójicamente, lo que Gerardo Morales busca revertir, criminalizando las expresiones populares.
La represión como síntoma de la falta de argumentos en el diálogo político es un indicador de la baja calidad democrática provincial que afecta gravemente a la Nación Argentina en su conjunto.
Lejos de encaminarse por la senda democrática y respetar los acuerdos vigentes, busca imponer un nuevo acuerdo que maquille su comportamiento dictatorial. Está en juego la seguridad jurídica cuando de forma poco transparente se quiere imponer una reforma constitucional a la medida de un esquema extractivista de recursos naturales que hasta hoy es difuso y de poco beneficio para el pueblo jujeño, muy a la medida del G6. Es la primarización de la matriz productiva y la falta de distribución del ingreso finalmente lo que se manifiesta en la calle.
Llama la atención la coordinada desinformación de los grandes medios de comunicación y el silencio absoluto de la Corte Suprema de la Nación a pocos días de involucrarse en los procesos electorales de otras provincias, una prensa conveniente y una justicia funcional al poder económico, nada menos constitucional que ello.
Esta situación no es novedosa en la Provincia de Jujuy, y el 7 de Diciembre del 2016 alertamos sobre las prácticas de Gobierno de Gerardo Morales cuestionadas por la ONU, por la OEA y por el CIDH en reiteradas oportunidades. En este sentido todas las facciones políticas partidarias son también algo responsables de haber dejado que la situación se degrade hasta este nivel.
Hacemos un llamado a los tres poderes del Estado Nacional para que intervenga en la conformación de canales de diálogo amplios y respetuosos para que se tomen todos los recaudos necesarios para reestablecer la paz social y para evaluar si los hechos consumados en la Provincia de Jujuy, se enmarca dentro de la ley.
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