Equipo ENAC
La crisis que atraviesa el entramado productivo argentino sumó un capítulo decisivo en el Congreso de la Nación. Tras el pedido formal de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), el senador por Chaco, Jorge Capitanich, presentó el proyecto de Ley de Emergencia PyME, que busca establecer un marco de protección por 365 días para las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país.
La iniciativa surge como una respuesta directa a la reunión mantenida hace pocos días entre el legislador y los referentes de ENAC. El proyecto no solo recoge el diagnóstico de la entidad, sino que efectiviza un reclamo que ya había obtenido dictamen en Diputados durante 2025, pero que terminó "cajoneado" mientras la realidad económica empeoraba: actualmente, la cifra de PyMEs cerradas asciende a más de 22.000, agravando la crisis de empleabilidad.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la Emergencia Tarifaria. El Artículo 6° establece un subsidio directo para garantizar que el costo de la luz, el gas y el agua no supere el 50% de la tarifa plena. Además, prohíbe el corte de suministros por falta de pago desde el 1º de abril de 2026.
Como contrapartida a estos beneficios, las empresas alcanzadas -que deben contar con certificado MiPyME vigente- tendrán la obligación de mantener su plantilla de trabajadores. "La emergencia no debe ser solo resistencia, sino también evolución", sostienen los fundamentos del texto, destacando que estas firmas sostienen la mitad del empleo formal en Argentina.
El proyecto diseñado por Capitanich y ENAC contempla una batería de medidas para asfixiar la presión impositiva:
Suspensión de ejecuciones: Se frenan los juicios de ejecución fiscal y las medidas preventivas de ARCA (ex AFIP).
Planes de pago: Moratoria con un año de gracia, quita de intereses y hasta 60 cuotas al 1% mensual.
Impuestos: Exención del impuesto al cheque y reducción del 50% en los anticipos de Ganancias.
Inembargabilidad: Los bienes de capital y herramientas de trabajo quedan protegidos ante medidas cautelares.
Para corregir las asimetrías geográficas, el proyecto introduce el Bono de Crédito Fiscal por Logística, equivalente al 15% de los costos de flete para empresas radicadas a más de 500 km de los puertos o centros de consumo masivo.
Asimismo, el Estado deberá destinar obligatoriamente el 30% de sus compras centralizadas a sujetos alcanzados por esta ley.
Finalmente, el texto propone la creación del Consejo de Monitoreo de la MiPyME, un ente autárquico con fuerte presencia de asociaciones empresarias para realizar un seguimiento real de la política económica en el sector.
Desde la Asociación de Empresarios y Empresarias nacionales celebramos esta presentación que ahora, con el proyecto de ley en la Cámara Alta, la pelota vuelve a estar en el campo de la política donde esperamos que, de una vez por todas, se escuche a las PyMEs que tanto contribuimos para el desarrollo productivo del país.
