Equipo ENAC
La situación de las pequeñas y medianas empresas continúa profundizándose y, según advirtió el presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Diego Ojeda, el escenario para el sector es cada vez más crítico.
En una entrevista con Data Diario, Ojeda señaló que la organización ya había advertido en 2024 sobre el cierre de unas 10.000 PyMEs, pero que actualmente la cifra alcanza las 30.000 empresas cerradas, mientras que el último relevamiento de ENAC, el Radar Pyme, muestra que entre un 8% y un 9% de las empresas se encuentran en condiciones de cerrar. Esto, según explicó, podría representar entre 40.000 y 50.000 nuevas PyMEs en riesgo.
Uno de los principales reclamos de Ojeda estuvo centrado en la Ley de Emergencia Pyme, cuyo proyecto permanece sin tratamiento parlamentario desde el 16 de agosto de 2024.
“Está cajoneada desde el 16 de agosto del 2024, no se trata en ninguna de las dos cámaras”, cuestionó el titular de ENAC.
Para Ojeda, la situación actual demuestra la necesidad de avanzar con una herramienta que permita contener la crisis que atraviesa al entramado productivo nacional.
Durante la entrevista también se abordó uno de los problemas que más preocupa a las empresas: el deterioro de la cadena de pagos.
Ojeda aseguró que actualmente se registran más de 300.000 cheques rechazados en el mercado, una situación que, según explicó, termina impactando progresivamente en distintos sectores de la economía.
El presidente de ENAC sostuvo que este escenario está directamente relacionado con la pérdida del poder adquisitivo y la caída del consumo. “La pyme ya no aguanta más; está por debajo de su punto de inflexión”, afirmó, al describir la situación de empresas que llevan entre dos y tres años intentando sostenerse frente a las dificultades económicas.
Según planteó, el deterioro comenzó impactando con fuerza en sectores como la construcción, luego se profundizó con la apertura de importaciones y actualmente tiene como uno de sus principales motores la caída del consumo.
Uno de los puntos destacados de la entrevista fue la situación de las PyMEs que prestan servicios en torno a Vaca Muerta.
Ojeda explicó que ENAC cuenta con empresas asociadas en Añelo y otras localidades vinculadas al sector petrolero y señaló que, según la información recibida por la organización, YPF habría extendido los plazos de pago a sus proveedores de 45 a 60 o 75 días.
El problema, según explicó, es que las pequeñas empresas deben afrontar ese corrimiento de los pagos con recursos propios. Aquellas que no cuentan con suficiente respaldo financiero terminan postergando otras obligaciones, incluso impositivas.
Ojeda advirtió que esta situación puede derivar en embargos de las cuentas bancarias, profundizando todavía más las dificultades para afrontar salarios, proveedores y otros compromisos de funcionamiento.
Otro de los ejes de la entrevista fue la situación de las empresas frente a los mecanismos de cobro de ARCA.
Ojeda aseguró que, ante un retraso impositivo, el proceso puede avanzar rápidamente hacia una intimación y posteriormente al embargo de las cuentas bancarias. Según describió, una vez concretado el embargo, el levantamiento puede demorar entre uno y dos meses.
“Imaginate estar un mes o dos meses con la cuenta embargada, recibiendo pagos pero sin poder utilizarlos para cumplir con los compromisos ya tomados”, planteó el presidente de ENAC, quien consideró que este mecanismo coloca a las empresas en una situación crítica.
“Es el famoso ‘derrame al revés’: en vez de derramar beneficios, se derraman crisis”, sintetizó.
