Empresarios Nacionales pidió la suspensión de las negociaciones Mercosur UE hasta que se realice el impacto económico

Una gran preocupación colectiva por las consecuencias económicas para la producción nacional y el pedido de que las negociaciones en marcha sean suspendidas fue el denominador común manifestado por los representantes de las entidades gremiales empresariales y de trabajadores, así como de distintas instituciones académicas, que se reunieron en el foro “Acuerdo Mercosur-Unión Europea: riesgos y amenazas para la producción y el trabajo nacional”.

El amplio encuentro fue realizado en la Cámara de Diputados de la Nación a instancias de una convocatoria hecha por el diputado nacional por Mendoza Guillermo Carmona, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara Baja del Congreso, y Jorge Marchini, vicepresidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA).

Participaron en la ocasión representantes de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), la Unión de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), la Federación Olivícola Argentina (FOA), y cámaras empresarias del cuero, textiles y calzados, entre otras entidades productivas.

Asimismo, estuvieron la diputada nacional por Misiones Cristina Brítez, la exdiputada nacional y exembajadora Alicia Castro, el exsecretario de Relaciones Económicas de la Cancillería Carlos Banco, Oscar  Laborde, parlamentario del Mercosur, el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, Jorge Kreiness, y Manuel Valenti, del Centro de Estudios Nuestramericano Chávez Kirchner (CENACK).

En el transcurso de las deliberaciones fue compartida información que ha trascendido acerca de las tratativas que impulsa el Gobierno de la Nación en el contexto del “anunciado avance de las negociaciones del denominado Acuerdo Estratégico Birregional entre la UE y el Mercosur bajo la forma predominante de un tratado de libre comercio (TLC), y ante la falta de información y el secretismo de las tratativas”, según aclararon sus organizadores.

De las exposiciones de los participantes del foro surgió la coincidencia sobre que uno de los principales cuestionamientos a la negociación se relaciona con la falta de transparencia y la casi nula comunicación oficial respecto de esas negociaciones encaradas por el Poder Ejecutivo Nacional y por otros gobiernos de países integrantes del Mercosur.

Y en este sentido fue destacado el hecho de que los parlamentarios argentinos no han contado con acceso a la información que sus pares europeos han tenido, además de que a los actores de la economía – tanto empresarios como trabajadores– también les restringieron el acceso a la información en ese aspecto.

Asimismo –siguiendo los conceptos vertidos en la oportunidad por cada expositor– quedó evidenciado que la población en general desconoce los impactos que va a tener el tratado de libre comercio Mercosur-UE y surgieron cuestionamientos a la falta de estudios acerca de las consecuencias económicas que derivarían de él. La Argentina no cuenta incluso con los estudios del impacto que produciría un eventual acuerdo, lo que implica un enorme riesgo.

Simultáneamente, otro de los cuestionamientos se enfocó en que no han sido contempladas las asimetrías existentes entre las economías de los mismos países integrantes del Mercosur, un aspecto fundamental a tener cuenta a la hora de tratar de atenuar los efectos negativos de un eventual tratado de libre comercio con Europa.

A la vez, se pudo saber que las concesiones que los funcionarios argentinos y de otros países del Mercosur han estado realizando ante los requerimientos de los negociadores europeos han causado un fuerte malestar entre los protagonistas de la economía nacional. Y otra gran inquietud se centró en el hecho de que los artífices del acuerdo interregional a gran escala no les han abierto la participación en las tratativas a las autoridades provinciales ni municipales, cuando es una realidad que las consecuencias ulteriores recaerán fuertemente esas jurisdicciones.

Con este desalentador panorama planteado a través de las exposiciones de cada sector que aceptó la convocatoria al debate, la mayoría de los representantes que asistieron al foro reclamaron que las negociaciones sean suspendidas hasta que se resuelvan políticas e institucionales críticas en países del Mercosur –como es el caso de Brasil– y se cumplan los requisitos de transparencia e información pública.

 Carmona: “Pone en grave riesgo a la economía argentina”

#Ahora Foro "Acuerdo Mercosur-Unión Europea: riesgos y amenazas para la producción y el trabajo nacional”
Participan leg nacionales, autoridades prov y muni, representantes empresariales y sindicales, académicos y especialistas@cbritezmisiones @AliciaCastroAR @DiputadosFPV_pj pic.twitter.com/LxLSWB04Sl

— Guillermo Carmona (@grcarmonac) 12 de abril de 2018

En este contexto, Carmona advirtió: “El acuerdo Mercosur-Unión Europea pone en grave riesgo a la economía argentina y a las economías del resto de los países de nuestra región, por eso exigimos transparencia, estudios de impacto y acceso a la información pública sobre los avances de la negociación”.

 “Además –prosiguió–, adherimos al pedido que la mayoría de las instituciones presentes en el foro han formulado en torno a la suspensión de las tratativas mientras no se resuelva la crítica situación de Brasil ni se cumplan los pasos necesarios en favor de la transparencia y el estudio de impacto correspondiente al acuerdo”.

Finalmente, el legislador justicialista aseguró en forma taxativa: “No queremos que la producción y el trabajo nacional se vean impactados negativamente por un acuerdo de libre comercio que denota significativas ventajas para la parte europea y casi ninguna para la economía argentina y del Mercosur en general”.

A su turno, Marchini aseveró que “los estudios de impacto no deben ser solo en relación con los aspectos comerciales del tratado de libre comercio, sino esencialmente con lo que significan estructuralmente en temas clave, como servicios, propiedad intelectual, compras públicas, comercio electrónico y demás ámbitos involucrados. Es así que, contemplando todos estos ítems, reflejar metas y acciones destinadas a alcanzar resultados viables, consistentes y beneficiosos para todas las partes”.

 Mientras, Manuel Valenti Randi, del Centro de Estudios Nuestramericano Chávez Kirchner (CENACK) opinó que “el acuerdo Mercosur-Unión Europea busca hipotecar todos los instrumentos de los que dispone el Estado para proteger la producción y el empleo nacional, y generar costos de salida formidables para aquellos que aspiren a retomar la senda del desarrollo inclusivo y soberano”.

Desde la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, Leo Bilanski, coincidió en que “se deben suspender las negociaciones que se están llevando a cabo, ya que algunos beneficios en el sector agrícolo-ganadero no compensan la entrega de sectores industriales centrales en cuanto a la generación de trabajo de calidad y de remuneración adecuada”.

 Por eso subrayó que desde su organización no creen que “este acuerdo negociado a puertas cerradas y con intereses particulares vaya a beneficiar al colectivo general de los empresarios nacionales, que conforman el 98% de todo el país”.

La CTA fijó su posición a través de Andrés Larisgoitía para afirmar que “una eventual asociación birregional debe ser un instrumento para el desarrollo efectivo de ambas regiones, respetando los valores compartidos del respeto a los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y el fomento de la producción y el empleo decente”.

Seguidamente caracterizó que “el actual contexto institucional que atraviesan Brasil y Argentina, dos de los más importantes países del Mercosur, con flagrantes violaciones al orden democrático, no constituyen un clima apropiado para continuar con estas negociaciones”. A esto sumó “la falta de transparencia y de consultas con la que las negociaciones se vienen llevando a cabo”, para solicitar “su inmediata suspensión”.

 A raíz de esto afirmó categóricamente que “la negociación en curso, lejos de conducir a la convergencia entre los niveles de desarrollo de nuestros países y de las condiciones de vida de nuestros trabajadores, terminará profundizando la dependencia y las asimetrías actualmente existentes”.

 La Confederación General del Trabajo emitió su postura a través de Marita González, quien denunció que ven con preocupación “la participación en el Consejo Consultivo Económico y Social del Mercosur en el seguimiento de la ejecución del acuerdo, en caso de que fuera aprobado, ya que el control desde la sociedad civil no estaría garantizado en los avances de las propuestas negociadas”.

Posteriormente sentenció que “desarticular las políticas soberanas que les permiten a los países más débiles corregir las asimetrías con los más desarrollados en el intercambio comercial, para favorecer los negocios y el abaratamiento de costos de las grandes multinacionales, solo generará un grave perjuicio para las Pymes, las economías regionales y los trabajadores”.

Finalmente, la CTA Autónoma definió su punto de vista mediante las expresiones de Gonzalo Manzullo, su director de Relaciones Internacionales, quien alertó: “Venimos siguiendo de cerca los avances y los retrocesos del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, y exigiendo sin éxito conocer el contenido de las ofertas intercambiadas y los capítulos en discusión, a los que solo accedimos de manera informal”.

Luego dijo: “No nos oponemos a un acuerdo entre ambas regiones. Más aún, hemos expresado que queremos un acuerdo donde haya un intercambio justo y equilibrado, que atienda a las disparidades entre ambas regiones con cláusulas para proteger la industria naciente, y trato especial y diferenciado”.

A pesar de esto, previó: “Lo que se perfila en las actuales circunstancias y condiciones es un tratado de libre comercio que perjudica a los países de menor desarrollo a ambos lados del Atlántico en su industria nacional, en la promoción de la producción y del trabajo decente, amenazando también las economías regionales. Los estudios oficiales de impacto brillan por su ausencia, pero nuestros propios cálculos indican que el saldo comercial es negativo”