El fraude electoral argentino: prometer para ganar, incumplir para gobernar

En la Argentina existe una práctica política que atraviesa gobiernos, partidos e ideologías: prometer lo que no se piensa cumplir para ganar elecciones. No se trata de simples errores de diagnóstico, ni de expectativas frustradas por circunstancias inesperadas. Se trata de algo más profundo y más grave: el engaño sistemático al electorado.

Desde hace décadas, buena parte de las campañas electorales se construyen sobre promesas que luego desaparecen apenas comienza el ejercicio del poder. La política argentina ha naturalizado una lógica peligrosa: ganar primero, gobernar después… aunque para eso haya que decir cualquier cosa.

Si ese comportamiento fuera excepcional, podría atribuirse a errores o contingencias. Pero cuando se repite elección tras elección, gobierno tras gobierno, la pregunta se vuelve inevitable: ¿no estamos frente a una forma de fraude electoral?

Promesas que marcaron una época

Los ejemplos sobran y forman parte de la memoria política reciente de los argentinos.

En 1989, Carlos Menem llegó al poder prometiendo “la revolución productiva” y el “salariazo”. Sin embargo, su gobierno implementó un programa de privatizaciones masivas, apertura económica y desindustrialización que transformó profundamente la estructura productiva del país. Para muchos sectores industriales y PyMEs, el resultado fue exactamente lo contrario de lo prometido.

Décadas después, durante la campaña de 2015, Mauricio Macri afirmó que “la inflación es lo más fácil de arreglar” y también aseguró que “lo que está bien lo vamos a dejar”. Sin embargo, su gobierno terminó con una inflación significativamente mayor que la recibida y con reformas económicas que afectaron múltiples políticas existentes.

En 2019, Alberto Fernández sintetizó su propuesta electoral con una consigna que buscaba cerrar la grieta: “vamos a volver mejores”. Pero su gestión terminó atravesada por una crisis económica profunda, conflictos internos de gobierno y una pérdida significativa del poder adquisitivo.

Más recientemente, Javier Milei construyó su campaña sobre dos promesas centrales: “el ajuste lo pagará la casta política” y “no tocaremos ningún derecho”. Sin embargo, las políticas aplicadas desde el inicio de su gobierno han impactado directamente en amplios sectores de la sociedad y en el entramado productivo PyME.

No se trata aquí de discutir las orientaciones ideológicas de cada gobierno. Cada fuerza política tiene derecho a proponer su programa económico y social. Lo que está en discusión es otra cosa: la distancia entre lo que se promete para ganar votos y lo que luego se ejecuta desde el poder.

La excusa de las circunstancias

Quienes defienden esta dinámica suelen recurrir a un argumento recurrente: las circunstancias cambian.

Efectivamente, gobernar nunca ocurre en condiciones ideales. Existen factores externos que condicionan la acción de cualquier gobierno: crisis internacionales, sequías, pandemias o restricciones financieras. La reciente pandemia de COVID-19 es un ejemplo evidente de cómo un evento inesperado puede alterar cualquier plan de gobierno.

También existen condicionamientos estructurales propios de la economía argentina: restricción externa, fragilidad fiscal, dependencia del endeudamiento o ciclos recurrentes de crisis.

Todos estos factores son reales y deben ser considerados con seriedad. Ningún gobierno gobierna en el vacío.

Sin embargo, reconocer los condicionamientos no implica justificar el engaño.

Hay una diferencia fundamental entre prometer algo razonable que luego se vuelve difícil de cumplir por circunstancias extraordinarias y construir deliberadamente un discurso electoral que no guarda relación con el programa real que se aplicará en el gobierno.

La primera situación pertenece al terreno de la política democrática. La segunda se acerca peligrosamente al terreno del fraude.

Cuando la campaña se vuelve ficción

El problema central aparece cuando la campaña electoral se convierte en una ficción narrativa diseñada para captar votos, mientras las verdaderas decisiones ya están tomadas de antemano.

En esos casos, el votante no está eligiendo realmente entre proyectos políticos distintos. Está eligiendo entre relatos electorales cuidadosamente construidos.

Esto erosiona uno de los pilares básicos de cualquier democracia: la posibilidad de que el ciudadano tome decisiones informadas sobre el rumbo del país.

Si los programas de gobierno que se aplicarán no son los que se anuncian durante la campaña, entonces el voto deja de ser una herramienta de decisión política para convertirse en un simple mecanismo de legitimación posterior.

En otras palabras: el electorado vota una cosa y recibe otra.

Cuando este fenómeno se repite de manera sistemática, la consecuencia inevitable es la pérdida de confianza en la política. La desafección ciudadana, el descreimiento institucional y el crecimiento del antipoliticismo encuentran parte de su origen en esta práctica reiterada.

Las PyMEs frente al engaño político

Para el entramado productivo PyME, esta dinámica tiene consecuencias particularmente graves.

Las pequeñas y medianas empresas necesitan previsibilidad para invertir, producir y generar empleo. Necesitan reglas claras, marcos regulatorios estables y políticas públicas coherentes.

Sin embargo, en la Argentina muchas veces ocurre lo contrario: las decisiones económicas que afectan a las PyMEs se toman después de la elección, no antes de ella.

El cierre sistemático, sostenido y progresivo de PyMEs otrora efectivas, confirman el fraude a las cuales fueron sometidas.

Se vota bajo determinadas promesas y luego se gobierna con un programa diferente.

Desde Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino venimos señalando desde hace años esta problemática. Pero además denunciamos un agravante: la ausencia de herramientas institucionales que protejan al sector productivo frente a estos cambios abruptos de rumbo. Defensa concreta frente al fraude electoral evidente.

Una de ellas es la Ley de Emergencia PyME, un instrumento que permitiría activar mecanismos de protección ante situaciones críticas para el sector productivo.

Sin embargo, esa ley ni siquiera ha sido considerada seriamente en el debate legislativo, a pesar de que las PyMEs representan más del 90% de las empresas del país y generan la mayor parte del empleo privado.

La consecuencia es clara: cuando las promesas electorales se incumplen, las PyMEs quedan expuestas a los costos de esas decisiones sin ningún mecanismo institucional de resguardo.

¿Error político o fraude electoral?

Llegados a este punto, la pregunta vuelve a aparecer con fuerza: ¿cómo debemos llamar a esta práctica?

En democracia, el fraude electoral suele asociarse exclusivamente a la manipulación del voto o al conteo irregular de los resultados. Pero existe otra forma de fraude más sutil: el fraude programático.

Es decir, ganar elecciones con un programa que no se piensa cumplir.

Cuando esta conducta se vuelve sistemática, deja de ser un problema de credibilidad política para transformarse en un problema institucional.

Porque la legitimidad democrática no se construye solamente en el acto de votar. También se construye en la honestidad con la que se presentan las propuestas ante la sociedad.

Una democracia madura debería discutir seriamente cómo limitar esta práctica. Existen distintas alternativas: compromisos programáticos verificables, mecanismos de rendición de cuentas o incluso herramientas institucionales que obliguen a mayor transparencia en las campañas.

No se trata de restringir la política. Se trata de proteger la calidad de la democracia.

Una democracia basada en la verdad

La Argentina necesita recuperar algo básico que parece haberse perdido en el camino: la honestidad política.

Los gobiernos pueden equivocarse, pueden enfrentar crisis inesperadas o fracasar en sus objetivos: todo eso forma parte de la vida democrática. Lo que no debería formar parte de ella es la mentira sistemática como estrategia electoral.

Porque cuando prometer cualquier cosa se vuelve la regla del juego, la política deja de ser un espacio de construcción colectiva y se transforma en un simple ejercicio de manipulación.

Y en ese contexto, quienes más pierden son siempre los mismos: los trabajadores, las PyMEs y la sociedad productiva que sostiene al país.

Un proyecto nacional, impulsado originalmente por ENAC, se "cajoneó" en 2025 por vicios de esas “costumbres fraudulentas” que posee la política engañando sistemáticamente a su electorado.

Conclusión

Si en la Argentina seguimos votando promesas que nadie piensa cumplir, las elecciones dejarán de ser una herramienta de cambio para convertirse en una simple puesta en escena.

Y cuando la democracia se convierte en una escenografía electoral, el fraude ya no ocurre en el conteo de votos: ocurre en la palabra misma de quienes piden ese voto.