ENAC expuso en la audiencia pública por el GAS

El Presidente de ENAC Leo Bilanski expuso en la Audiencia Publica nro 104 del ENARGAS sobre la siguiente agenda:

1) Adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de gas natural (confr. Dec. N° 1020/20 y Dec. N° 815/22);

2) Adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de distribución de gas por redes (confr. Dec. N° 1020/20 y Dec. N° 815/22);

3) Traslado a tarifas del precio de gas comprado en los términos del Numeral 9.4.2. de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución;

4) Determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes;

5) Tratamiento de la incidencia del costo del flete y/o transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) respecto de las localidades abastecidas con gas propano/butano indiluido por redes;

6) Tratamiento de la incidencia del precio del gas en el costo del gas natural no contabilizado (GNNC);

7) Reversión del Gasoducto Norte - criterios de tarificación y asignación de capacidad.

En la misma fijo la siguiente posición política  y específica:

1. Coincidimos con el diagnóstico delicado actual de pobreza y de deficit económico de la nación con el que asumió el Presidente Javier Milei, se hicieron muchas cosas mal para llegar a esta situación critica de nuestra economía.
2. Coincidimos en el objetivo final que es reducir el rol confiscatorio del estado y la liberación de las fuerzas productivas pero no creemos que se vaya a lograr desde las inicativas que se estan impulsando con el DNU 70/2023 o el proyecto de ley conocido como ley omnibus.
3. Convocamos a sostener, ampliar y fortalecer la comisión pyme del ENARGAS como ámbito permanente e institucional de diálogo y resolución de situaciones entre el Estado y las empresas y que permita definir allí el esquema tarifario y todo lo relacionado para cumplimentar los objetivos planteados desde el Gobierno Nacional sin perjuicios al sector.
4. Condicidimos que el precio del gas al sector productivo debe sincerarse y pagar lo que cueste realmente , siempre y cuando sean transparente las estructuras de costos y precios de la cadena de valor energética. Es decir, empezando por saber el COSTO de producción del GAS en PIST y de allí en adelante LOS COSTOS y PRECIOS, de transportistas y distribuidoras sucesivos que garanticen un uso y disposición eficiente de un recurso natural no renovable del Estado Nacional.
5. Proponemos enfáticamente que las pymes continúen en el esquema del servicio general P, adquiriendo su gas a las distribuidoras.
6. Que el indice que se tome para indexar las tarifas sea el RIPTE
7. La especulación sobre las tarifas de gas se potencia en forma extraordinaria por la tensión financiera en el valor del dólar. Desdolarizar las tarifas para las pymes nacionales es fundamental y URGENTE. La tarifa del servicio general debe ser fijada por el Estado en PESOS como regulador natural del sector.
8. Las facturas deberían limpiarse de toda incorporación de impuestos extraordinarios como asi mismo deberian reducirse sustancialmente las alícuotas que cobra el Estado Nacional sobre la energía.
9. Respecto de las inversiones en infraestructura energetica que hizo el Estado Argentino celebramos la construcción del gasoducto Nestor Kirchner y consideramos que debería multiplicarse las inversiones productivas, como el reversal del norte, en el mismo sentido que promuevan la soberanía energética de la Nación, es decir que promueva bajar el costo del gas nacional y reducir las importaciones de energia.
10. Sabemos que los subsidios a las tarifas los realiza el Estado con la asignación de recursos que recauda de impuestos y concidimos que estos no deben ser sostenidos con emisión monetaria y deben ser asignados de manera inteligente a quien realmente lo necesita.
11. Solicitamos enfáticamente que a diferencia de las empresas y de los hogares de altos ingresos las tarifas a  los usuarios finales residenciales o al gas para uso domiciliario,se adecuen en un esquema progresivo de 48 meses para no afectar sustancialmente el poder adquisitivo de la población.