RECHAZO A LA SUPREMA CASTA JUDICIAL

Desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) expresamos nuestro más enérgico rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de nombrar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia, violando el procedimiento establecido en la Constitución Nacional y en la Ley 24.430, que reglamenta la selección de los magistrados del máximo tribunal.

Segùn la encuesta de Radar PYME que ENAC llevò a cabo despuès de este verdadero atropello "El 98% de los empresarios nacionales rechaza la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto". 

Una justicia independiente y respetuosa del marco constitucional es esencial para garantizar la seguridad jurídica, la inversión productiva y el desarrollo económico sostenible. La incertidumbre institucional que genera esta decisión profundiza la crisis de confianza en el país, desalentando la actividad productiva y la generación de empleo.

Las pymes argentinas, que representan el 80% del empleo privado y el motor de la economía nacional, necesitan reglas claras, previsibilidad y un marco institucional que garantice el cumplimiento de las leyes. El nombramiento arbitrario de jueces por decreto pone en riesgo la estabilidad del sistema judicial y genera un precedente extremadamente peligroso para la democracia argentina.

Desde la Constitución Nacional, en su Artículo 99, inciso 4, establece con claridad que el Presidente puede nombrar a los jueces de la Corte Suprema solo con acuerdo del Senado. Esta disposición busca garantizar la independencia del Poder Judicial y evitar la injerencia del Poder Ejecutivo en una de las instituciones fundamentales de la República. 

Eludir este procedimiento mediante un decreto es una acción inconstitucional y autoritaria, que atenta contra la división de poderes y la estabilidad democrática del país.

Desde ENAC exigimos que:

-Se revoquen de inmediato los decretos de designación de jueces de la Corte Suprema, restableciendo el procedimiento constitucional para la selección de magistrados.

-El Congreso de la Nación actúe en defensa de la Constitución y de la independencia judicial, evitando que el Poder Ejecutivo imponga decisiones que comprometen la legalidad y la legitimidad de las instituciones.

-Se convoque a un amplio consenso político y social para debatir cualquier modificación en la integración de la Corte Suprema, sin atajos autoritarios que vulneren el Estado de Derecho.

La Argentina no puede permitirse un Ejecutivo que desconozca la Constitución y avance sobre la justicia como si fuera un órgano subordinado. La estabilidad de un país se construye sobre el respeto a las instituciones, no sobre la concentración de poder ni la manipulación de los principios republicanos.

Las pymes y los empresarios nacionales defendemos un país con reglas claras, división de poderes y seguridad jurídica. Estos avasallamientos lesionan a largo plazo el clima de negocios y las decisiones de inversiòn, en definitiva, son una agresiòn directa al desarrollo y al progreso de nuestra Naciòn.