Las pymes, la reforma judicial y la política de competencia económica

La actual propuesta de reforma pretende fusionar los fueros Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo y, con esto, la Sala especializada en Defensa de la Competencia quedará diluida en un nuevo fuero por crearse en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal. Nada de esto nos preocupa en la medida que la reforma contemple a dar impulso a la Defensa de la Competencia en le mercado nacional y que esto quede reflejado en la formación de los jueces del nuevo fuero.  

Nuestro país requiere de un mercado donde las políticas de competencia favorezcan a las pymes. Ya que somos las pymes y no los grandes grupos económicos concentrados quienes planteamos una puja de precios competitivos. No formamos precios, padecemos la concertación de precios de los sectores oligopólicos y su política siempre nociva de generar escasez de oferta. Esto recientemente ha sido muy palpable en nuestro Congreso de la Nacional cuando vimos la oposición de los grandes grupos económicos a la Ley de Góndolas, y la presencia que tuvieron en muchos sectores parlamentarios gracias a su poder lobby.  El mismo que intenta contra las condiciones mercado y la oferta al público en general.

El artículo 42 de la Constitución Nacional, entre otras cosas establece: Las autoridades proveerán a la protección y  la defensa de la competencia;  contra toda forma de distorsión de los mercados; al control de los monopolios naturales y legales. Es por ello que requerimos que la perspectiva de defensa de la competencia sea lo suficientemente jerarquizada y del todo presente en las discusiones sobre la reforma judicial.  

Por último, resaltamos que, como parte de una política de competencia, no se debe dejar de considerar herramientas que nos permitan enfrentar eficazmente a la Competencia Desleal.  El mercado electrónico está saturado de proveedores e intermediarios de productos importados de forma clandestina que horadan nuestra inversión y trabajo, a la vez que ponen en peligro la salud y el bienestar de los consumidores.